Bajo el pontificado de León XIII, la Santa Sede fue llamada a hacer arbitrajes y a interponer sus buenos oficios o su mediación entre muchos Estados.
El Papa mismo fue designado árbitro en varias ocasiones, pero él no hizo un arbitraje en el sentido en el sentido jurídico del término. Esta situación se explica por tres tipos de dificultades.
En primer lugar, las dificultades encontradas por las partes para ponerse de acuerdo sobre la persona del árbitro, como demuestra, por ejemplo, el asunto de las Islas Carolinas que opuso Alemania a España.
En segundo lugar, la imposibilidad de conseguir un arbitraje del papa fue también resultado de la prudencia de la Santa Sede, como demostraron las diferencias entre Haití y Santo Domingo en 1895.
Y, en tercer lugar, el desarrollo del arbitraje del Papa fue hostilizado por Italia, que se opuso a cualquier participación de la Santa Sede en negociaciones internacionales. Esta hostilidad, consecuencia de la Cuestión Romana, se manifestó abiertamente en la citada mediación de las Carolinas y en la conferencia de La Haya, cuando el Papa, que deseaba enviar a su propio representante, no pudo participar en ella.
En cualquier caso, estas modestas intervenciones diplomáticas de la potencia religiosa en las relaciones entre Estados significaron el abandono de la política del “recogimiento” que había caracterizado el final del pontificado de Pío IX.
Buenos oficios y otras mediaciones contribuyeron así a definir la posición particular de la Santa Sede en las relaciones internacionales. Ésta reivindicó, además de su magisterio espiritual, la función de árbitro entre los Estados, queriendo de este modo contestar precisamente la idea según la cual ella ya no constituía un Estado.
En este sentido habría que interpretar los esfuerzos para la constitución de un tribunal internacional de mediación y arbitrio, sobre el que presentó un proyecto el cardenal Rampolla.