SOBRE LOS TRASPLANTES DE ÚTERO (Dr. Ángel Guerra Sierra, en la Web AGABI)

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El trasplante de útero es todavía una operación muy arriesgada.

El primer trasplante de útero se realizó en Arabia Saudí en el año 2000 y hasta 2011 no se practicó el segundo, en este caso en Turquía. El primer trasplante en Europa se llevó a cabo en Suecia en 2014 y hasta el momento actual se han practicado en el mundo unos 70 trasplantes de útero.

En diciembre de 2020, Faro de Vigo publicó la noticia de que España realizó su primer trasplante de útero de una donante viva. La operación se llevó a cabo en el Clínic de Barcelona el 5 de octubre de 2020. La donante era hermana de la receptora. Ayer, la noticia saltó de nuevo a la prensa. La cirujana viguesa Isabel Quiroga, jefa del equipo de extracción de órganos en Oxford, participó en la exitosa operación de trasplante de útero, realizada en febrero de 2023, como señala una publicación en el British Journal of Obstretrics and Ginecology . “A raíz de la noticia hemos recibido correos de mujeres ofreciéndose a donar su útero», comenta la Dra. Quiroga a Faro de Vigo.

El pasado 1 de agosto, el Observatorio de Bioética daba la noticia de que “por primera vez, una mujer con un útero trasplantado de una donante fallecida, ha dado a luz un bebé fuera de un ensayo clínico el pasado mes de mayo. Portavoces del Hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham (EE.UU.) donde se ha llevado a cabo el proceso, han comunicado esta semana la noticia. Como ocurre en los pacientes sometidos a trasplante de órganos, en el caso de Mallory, que sufría el síndrome de Rokitanski, una carencia congénita de útero, que se da en 1 de cada 5000 mujeres, también fue necesario someter a la paciente, desde que este se produjo y durante todo el embarazo, a un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del útero, que hubiera impedido la gestación, tal como informan desde la web del UAB Medicine.

Hay que precisar que la maternidad lograda por este procedimiento debe recurrir a fecundación in vitro y transferencia del embrión al útero trasplantado. El parto es por cesárea y, tras él, debido a que no es un órgano vital para la receptora y que su mantenimiento con vistas a un próximo embarazo exigiría mantener los tratamientos inmunosupresores, no exentos de riesgos para la paciente, el órgano es extirpado.

Tras el nacimiento del bebé gestado con un útero trasplantado se abre la posibilidad de extender esta técnica a otras mujeres con imposibilidad de gestar por diferentes motivos. En cualquier caso, la paciente deberá someterse a una evaluación física y psicológica para garantizar que comprende los riesgos del procedimiento, y comprobar que antes han considerado otras alternativas para tener descendencia.

Desde un punto de vista médico, el trasplante de útero es una operación compleja. Se requieren  unas 12 horas para la extracción del útero de la donante y 4 para su implantación en la paciente, interviniendo 20 personas en el equipo quirúrgico. Por otra parte, esta técnica abre la puerta para que una persona trans la utilice para quedar en cinta. Esto es tan real que las aseguradoras privadas para la anticoncepción, el aborto y los procedimientos transgénero de los Estados Unidos se han planteado si sería aplicable la cobertura por un seguro. Los casos han llegado hasta la Corte Suprema. ¿Cuál es la probabilidad de que las aseguradoras paguen los trasplantes de útero para hombres y mujeres trans que quieran experimentar un embarazo?

Un artículo en el AMA Journal of Ethics analiza algunas de las complicaciones éticas y concluye que las aseguradoras probablemente deberían cubrir los trasplantes de útero, siempre que sean seguros y eficaces. El problema más importante que señalan es el precio del procedimiento, que en Estados Unidos costaría entre 100.000 y 300.000 dólares. «La solidez de las reclamaciones de subvención del trasplante de útero variará según los fundamentos éticos para cubrir los costos en primer lugar». Además, argumentan que “las mujeres trans carecen de un rasgo (la capacidad de tener hijos) que puede provocar que experimenten una disonancia psicológica que socave su salud y bienestar. Además, desarrollar esta técnica para que esté disponible para el conjunto de las mujeres es algo loable. De ello se deduce que la falta de útero es un obstáculo para la plena participación en los bienes sociales ligados a la identidad de las mujeres”.

Este argumento no pasó desapercibido para Wesley J. Smith, columnista de bioética del National Review, quien comenta: “¡Mi cabeza da vueltas! La perspectiva de permitir un solipsismo tan absoluto es más de lo que puedo soportar. ¿Por qué debería exigirse a la sociedad que apoye (y mucho menos subvencione) cirugías sofisticadas y cuidados posteriores para permitir las obsesiones emocionales de un hombre que se siente mujer? No, la maternidad no está vinculada a la identidad de la mujer. Es la función reproductiva biológica de la mujer. Semejantes opiniones podrían hacer que un cuadro de Salvador Dalí pareciera realista”.

Valoración bioética

En el caso del trasplante de útero a una mujer que carece de él son varios los dilemas bioéticos que deben analizarse.

En primer lugar, los relacionados con el tipo de donante. En el caso de Mallory se trataba de una donante ya cadáver, Sin embargo, se han realizado trasplantes de órganos procedentes de donantes vivas, lo cual supone someterlas a riesgos que deben ser muy bien evaluados. En segundo lugar, un trasplante de órganos es una intervención muy compleja con riesgo elevado y muy costosa, que exige la instauración de tratamientos inmunosupresores de por vida, no exentos de riesgos asociados. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la gallega Beatriz Domínguez-Gil consideraba en 2018 que el trasplante de útero es un procedimiento «muy cuestionable éticamente» y una intervención de riesgo que, «sin embargo, no salva una vida». Domínguez-Gil valoraba el nacimiento del primer bebé a partir del útero trasplantado de una donante fallecida en Brasil. “Se trata de un avance técnicamente relevante», pero recalcaba que es «una actividad muy cuestionable éticamente». «Es un procedimiento de riesgo que, sin embargo, no salva una vida y sería muy cuestionable considerar que mejora la calidad de vida de la trasplantada», indicaba. Es muy importante tener en cuenta que el coste y riesgos asociados a la intervención no tienen como finalidad tratar una enfermedad, si no hacer frente al deseo de ser madre; es decir, no puede considerarse un procedimiento terapéutico. Por la misma razón, este argumento se refuerza cuando es un hombre trans el que solicita el trasplante.

En tercer lugar, el proceso requiere del recurso a las técnicas de fecundación in vitro, lo que implica la producción supernumeraria de embriones con destino incierto, además de las limitaciones asociadas a estas técnicas, que incluyen la menor tasa de embarazos y el mayor riesgo de complicaciones para la madre y el hijo que en el caso de un embarazo natural.

En cuarto lugar, el parto es siempre por cesárea, tras la cual se precede a la extirpación del útero trasplantado, a fin de evitar a la paciente las complicaciones asociadas a los tratamientos inmunosupresores.

En quinto lugar, la dedicación de una gran cantidad de recursos humanos y materiales en una intervención que no resulta vital para la paciente, es decir, no está relacionada con una dolencia asociada a un fracaso orgánico que justifique el trasplante por poner en riesgo su vida, parece no respetar los principios bioéticos de solidaridad y justicia, existiendo, además, alternativas no invasivas como la adopción para cumplir el deseo de maternidad.

En sexto lugar, la maternidad o la paternidad no deben considerarse derechos cuya salvaguarda justifica cualquier intervención. No vale todo para llegar a ser padres, porque el hijo es un don que se recibe, no un bien que puede exigirse a cualquier precio.

Y finalmente, dada la limitación en los programas de trasplantes, de cuyo éxito depende la supervivencia de muchos pacientes, parece que dedicar estos necesarios recursos a intervenciones como el trasplante de útero, puede interferir en su eficacia, en la gestión de los recursos disponibles, y, por último, en la atención de los que más los necesitan.