La designación de obispos continuaba correspondiendo al clero y al pueblo. Pero a partir del siglo IV el pueblo fue gradualmente orillado de toda efectiva participación en las elecciones episcopales, y su intervención se redujo a una simple aclamación del elegido.
La causa fue la cristianización de la sociedad y la integración de muchedumbres en la Iglesia, que hizo inviable este procedimiento.
El nombramiento fue de incumbencia del clero diocesano y en especial de los obispos de las demás diócesis de la misma provincia eclesiástica (= circunscripciones de rango supradiocesano, que tuvieron entidad propia, con órganos de gobierno y acción pastoral, basadas en la división territorial civil del Imperio Romano, que ayudó a crear una organización territorial en la Iglesia), a los que correspondía, a los obispos, consagrar al nuevo pontífice y que debían dar su asentimiento a la elección.