El Observatorio de Bioética de la Católica de Valencia resume las razones que hacen injusta la ley del aborto en España
Julio Tudela Cuenca, Director del Observatorio de Bioética de la UCV.
La reciente publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional confirmando la modificación de la ley del aborto introducida por Irene Montero en el sentido de no hacer necesaria la autorización paterna para que las menores de edad mayores de 16 años puedan abortar, “ahonda profundas injusticias que esconde esta ley que atenta contra la vida, la salud y la dignidad de las personas”, afirma Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
Julio Tudela ha expuesto en 10 puntos las razones que hacen de esta ley una ley injusta.
Como razón primera, esgrime que “el aborto provocado consiste en terminar deliberadamente con la vida de un ser humano inocente en sus primeras etapas de desarrollo. Hoy no existen dudas de que el embrión es un individuo de la especie humana desde su etapa de cigoto. Tampoco existen dudas de que provocar intencionadamente la muerte de un ser humano es matar”.
En segundo lugar, destaca que “el aborto no solo siega la vida del embrión, sino que afecta a la mujer que aborta, según muestran muchos estudios relacionados. Trastornos mentales como ansiedad, depresión, alcoholismo, consumo de sustancias estupefacientes, son algunos de ellos. Continuar – desarrolla Tudela – con el embarazo en adolescentes es un factor protector que reduce el riesgo de suicidio en un 50% y la muerte por otras causas en un 40%. En las mujeres que se han sometido a un aborto provocado el riesgo de mortalidad es un 170% mayor respecto de las que han dado a luz a un hijo vivo. Además, presentan el doble de riesgo de muerte en el año posterior al aborto provocado respecto de las que han sufrido un aborto espontáneo”.
“El aborto no contribuye a la salud sexual ni reproductiva – expone en el número 3 -: es lesivo para todos los implicados. Hablar del aborto como promotor de salud es ignorar la evidencia científica y constituye una manipulación del lenguaje que pretende confundir. Por lo tanto, atenta contra la libertad de la mujer que debe tomar una decisión”.
Como razón número 4, Tudela manifiesta que “ocultar o no suministrar la información disponible relacionada con los efectos colaterales del aborto también atenta contra la libertad de la mujer a la que se le impide tomar decisiones autónomas debidamente informadas. La supresión del periodo de reflexión y la no obligación de suministrar información sobre alternativas al aborto que le permitan proseguir con su embarazo también constituyen atentados contra su capacidad de decisión libre”.
El número 5 es muy concluyente: “el aborto no es un derecho. Sí lo es el derecho a la vida, al que se contrapone”.
“No existen circunstancias que legitimen un aborto: matar siempre es matar. Ni el peor de los crímenes contra una mujer, como es la violación, justifican provocar la muerte de un inocente”, expone como número 6.
Además, Tudela recuerda en el número 7 el “invierno demográfico” de las sociedades desarrolladas: “el aborto es lesivo para la sociedad que lo fomenta: contribuye al grave déficit de natalidad que afecta a las sociedades desarrolladas, que se dirigen hacia un invierno demográfico”.
En la parte final de este “decálogo”, recuerda que a J. Lejeune, para tener presente que “el aborto es un indicador de decadencia en las civilizaciones que lo amparan: “La calidad de una civilización se mide por la forma en que trata a sus miembros más débiles” (J. Lejeune).
“Las cifras publicadas sobre número de abortos – subraya en el número 9 – no reflejan la verdadera magnitud del problema: muchos de los abortos químicos que se practican en número creciente no son declarados ni contabilizados. Las técnicas de reproducción asistida provocan más muertes de embriones humanos por descarte que el propio aborto provocado”.
Por último, como razón número 10, destaca que “facilitar el acceso al aborto a las mujeres que experimentan un embarazo no deseado sin más alternativas, es privarles de la ayuda que les permitiría proseguir con su embarazo. No habilitar recursos para ayudar a que estas mujeres prosigan con su gestación constituye un atentado contra sus derechos, su dignidad y su libertad”.